La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) iniciará procesos sancionatorios contra diversas empresas acusadas de sobreproducción y elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Una fuerte controversia se ha desatado en torno a la industria salmonera en Chile, luego de que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) iniciara procesos sancionatorios contra diversas empresas acusadas de sobreproducción y elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En el epicentro de la discusión está la región de Aysén, donde la operación de las salmoneras ha estado marcada por prácticas que, según un informe presentado ante la Bolsa de Valores de Shenzhen por la empresa china Joyvio, fueron una constante en el sector por años.
El reporte, fechado el 30 de enero de 2023 y firmado por el consejo de administración de Joyvio, empresa que adquirió Australis Seafoods en 2019, revela una realidad que hasta hace poco parecía desconocida para las autoridades chilenas. Según el documento, «hasta 2020, la industria solía cumplir estrictamente con los límites de cantidad de alevines, mientras que la supervisión sobre el peso total de la cosecha era relativamente laxa». Esto permitió que muchas empresas de acuicultura incurrieran en sobreproducción de manera sistemática, vulnerando los límites establecidos en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y los proyectos técnicos.
El informe pone en evidencia la falta de fiscalización por parte de la SMA hasta hace solo cinco años. Durante décadas, la industria salmonera creció sin que existiera un control efectivo sobre sus volúmenes de producción. Fue recién en 2020 cuando la SMA comenzó a aplicar la normativa con mayor rigurosidad, estableciendo sanciones y obligando a las empresas a someterse a regulaciones ambientales más estrictas. Este cambio ha generado una ola de procesos sancionatorios que hoy afectan a varias compañías del sector, algunas de ellas operando incluso dentro de parques nacionales.
El hecho de que este modelo de sobreproducción haya sido aceptado como una práctica habitual en la industria plantea serias dudas sobre el rol del Estado en la protección de los ecosistemas marinos de Aysén. La falta de fiscalización por parte de las autoridades no solo permitió que las empresas explotaran los recursos sin control, sino que también debilitó la confianza en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las normativas ambientales.
Mientras la SMA avanza con los procesos sancionatorios, la industria salmonera enfrenta un escrutinio sin precedentes. La interrogante que surge ahora es si estas medidas llegarán a tiempo para frenar el daño ambiental ya causado y si serán suficientes para garantizar una producción sustentable en el futuro. En un contexto donde la conservación de los ecosistemas marinos es cada vez más urgente, la responsabilidad de las empresas y del Estado en esta crisis medioambiental no puede seguir siendo ignorada.
