Crisis en la Universidad de Aysén genera tensiones entre el Ministro Nicolás Cataldo y la Superintendencia de Educación Superior.

Durante su visita a Coyhaique, el Ministro Cataldo abordó la situación la semana pasada, mencionando un plan de «acompañamiento» y asegurando el respaldo del gobierno para evitar la caída de la universidad. Aunque mencionó estar en discusiones con la Superintendencia, la decisión recae en José Miguel Salazar, superintendente del ramo, quien tiene la facultad de designar un administrador provisional. La ex rectora María Teresa Marshall espera que la medida adoptada sea la intervención. Crisis en la Universidad de Aysén genera tensiones.

Puntos clave a observar: En los próximos días se espera el pronunciamiento de la Superintendencia de Educación Superior (SES), dirigida por José Miguel Salazar, respecto a graves deficiencias de gestión, problemas presupuestarios e irregularidades administrativas detectadas a finales de 2023 en la Universidad de Aysén.

Según el informe, la universidad estatal, afectada por un déficit y daño patrimonial debido a la sobrecarga de personal, «ha incumplido compromisos financieros, administrativos y laborales, poniendo en riesgo sus compromisos académicos con los estudiantes».

Tras la formulación de cargos, el rector Enrique Urra (quien asumió en septiembre) optó por no presentar descargos. Ahora, la Superintendencia deberá tomar una de las siguientes medidas: exigir un plan de recuperación, designar un administrador provisional o proponer la revocación del reconocimiento oficial, lo que implicaría la designación de un administrador de cierre por parte del Ministerio de Educación.

Postura del Ministerio: El Ministerio de Educación descartó la opción de cierre y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (Comunes), aseguró que la universidad, fundada en 2015, no será clausurada. En lugar de ello, han desarrollado un programa de modernización para el plantel.

En la Superintendencia se inclinan hacia la designación de un administrador provisional, especialmente tras la gestión mal evaluada del rector Urra, según el informe de la SES. Este informe también indica que las propuestas del rector para abordar la crisis, como retrasos en pagos, podrían ser incluso ilegales.

En Aysén, se señala que tanto Orellana como el ministro Cataldo han mostrado interés en dar una oportunidad a la universidad y trabajar en un plan de apoyo y acompañamiento a las autoridades universitarias.

Apoyo del Ministro Cataldo: Durante su visita a Coyhaique la semana pasada, Cataldo respaldó a la Universidad de Aysén antes de que Salazar tomara una decisión. Afirmó que el Ministerio de Educación y el gobierno están comprometidos a no dejar caer la institución, sino más bien a respaldar su recuperación, enfatizando su importancia para la región. Crisis en la Universidad de Aysén genera tensiones

«Estamos monitoreando constantemente el trabajo de la superintendencia y esperamos anunciar pronto los procedimientos de apoyo a la universidad», mencionó. Además, mencionó la asignación de nuevos recursos para las universidades estatales en 2024.

Al ser preguntado sobre si el acompañamiento excluye la intervención, Cataldo dijo que «ningún camino se ha descartado», y que están en discusiones con la superintendencia para recibir sus recomendaciones e informe pronto.

El subsecretario Orellana tiene previsto viajar el 4 de enero a la región para firmar un acuerdo de tutela entre la Universidad de Tarapacá y la Universidad de Aysén.

Decisión de la Superintendencia: La SES está finalizando los detalles jurídicos del informe con las medidas a adoptar. Aunque esperaban tenerlo a finales de 2023, han extendido los plazos. Afirman que no descartan ninguna opción, excepto el cierre. También han remitido información al Ministerio Público por posibles delitos relacionados con las deficiencias detectadas.

Se descarta cualquier desacuerdo entre Salazar, Cataldo y Orellana, incluso están considerando un convenio conjunto para respaldar a Aysén. No obstante, señalan que la decisión final sobre las medidas recae exclusivamente en la superintendencia.

Según la Ley 20.800, la SES puede designar un administrador provisional ante riesgos como la inviabilidad administrativa o financiera que afecten la continuidad de los estudios, incumplimientos graves de compromisos académicos con estudiantes debido a falta de recursos adecuados, o imposibilidad de mantener funciones académicas debido a sanciones, embargos u otras situaciones.

Opinión de la ex rectora María Teresa Marshall: La ex rectora (2016-2019) ha criticado la gestión de su sucesora, Natacha Pino (2019-2023), por supuestamente favorecer a militantes del Frente Amplio en cargos universitarios. Marshall espera que Salazar actúe con independencia y considera que la intervención es la mejor opción para transparentar la gestión pasada y asegurar el futuro y la estabilidad de la Universidad de Aysén. Crisis en la Universidad de Aysén

«Es crucial ofrecer certezas sobre el futuro y la estabilidad de la Universidad de Aysén», mencionó Marshall, destacando que aunque el Ministro Cataldo ha prometido apoyo, aún no se ha esclarecido cómo se garantizará ese futuro. Según ella, la intervención permitirá dar transparencia a la gestión pasada, garantizar a los estudiantes y asegurar la viabilidad futura. Además, subraya la responsabilidad de la Superintendencia en esta decisión, aunque espera que el Ministerio de Educación respalde la determinación tomada.