Coyhaique se queda sin buses eléctricos en 2025 por error administrativo
A pesar del compromiso asumido por el municipio de Coyhaique con la implementación de un sistema de transporte público más sostenible, el proyecto de buses eléctricos para la ciudad ha quedado en suspenso. La Contraloría General de la República emitió la resolución N° 185 dirigida al Gobierno Regional de Aysén, señalando que no dará curso al acto administrativo mediante el cual se aprobaba el convenio de transferencia del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para financiar dicho proyecto. La contraloría argumentó que el convenio “no se ajusta a derecho”, dejando el plan sin posibilidad de avanzar.
El gobernador de Aysén, Omar Muñoz Sierra, fue enfático al referirse a esta situación. En declaraciones recientes, afirmó: Con este escenario, el proyecto de buses eléctricos no verá la luz durante el año 2025; pese a que desde el MTT habían señalado que el inicio de sus operaciones estaba estipulado para abril del año 2026.
El proyecto de buses eléctricos había sido anunciado como una de las principales iniciativas de modernización del transporte público en la región, con el objetivo de reducir la contaminación en la capital regional y promover un sistema de movilidad más eficiente y ecológico. Sin embargo, la resolución de la Contraloría pone en jaque la materialización de este avance, dejando a Coyhaique fuera de los planes inmediatos de electrificación del transporte público en Chile.
Desde el Gobierno Regional de Aysén, se ha informado que se revisarán los procedimientos para ajustar la documentación necesaria y retomar las gestiones para la implementación del proyecto. Sin embargo, las expectativas de contar con los buses eléctricos en 2025 se han desvanecido.
La comunidad de Coyhaique, que enfrenta altos índices de contaminación atmosférica, ve con preocupación esta noticia, ya que la iniciativa era considerada un paso clave para enfrentar esta problemática. Autoridades locales y ciudadanos han solicitado mayor celeridad en los procesos administrativos para garantizar que proyectos de esta magnitud puedan avanzar sin trabas legales en el futuro.
