Contraloría acusa que GORE dilató sumario para salvar del despido al actual constitucional Julio Ñanco (RD)

La Contraloría acusó que el GORE de Aysén, presidido por la gobernadora Andrea Macías (PS), dilató el término del sumario cursado contra ocho de sus funcionarios para así lograr rebajar la sanciones que el ente fiscalizador sugirió aplicar. Precisamente dentro del grupo de empleados figura el actual consejero constitucional Julio Ñanco (RD), quien hoy -junto a sus entonces colegas- también enfrenta un juicio de cuentas con la CGR para integrar a las arcas fiscales más de $173 millones. Todo esto, a raíz de un plan para dotar de energía eléctrica a una pequeña comunidad del extremo sur chileno, proyecto que hoy mantiene en disputa al ente contralor, el GORE y una decena de funcionarios públicos.

Debían ser despedidos pero terminaron con multas de apenas entre un 5 y un 20% de su sueldo. Así podría resumirse la situación del actual consejero constitucional Julio Ñanco (RD) y otros dos funcionarios del Gobierno Regional de Aysén, quienes fueron sumariados por irregularidades administrativas detectadas por la Contraloría.

Se trata de anomalías que quedaron al descubierto cuando el miembro del organismo constituyente se desempeñaba como encargado de proyectos de la División de Análisis de Control de Gestión del GORE. Todo ello, luego de que el organismo fiscalizador auditara una iniciativa que buscaba dotar de energía eléctrica 24/7 a 250 habitantes de una pequeña localidad en el extremo sur chileno.

Si el GORE pretendía desembolsar $779 millones en la construcción de la microcentral hidroeléctrica, terminó gastando $1.656 millones. Un 112% más de lo originalmente planificado que —a juicio de la CGR— es un hecho “grave”. ¿La razón? La posibilidad de que hayan existido pagos duplicados a la empresa que se adjudicó el proyecto y que el GORE asumiera costos que no le correspondían, advierte el informe.

Con todo, Julio Ñanco y el Gobierno Regional sostienen que las diferencias responden a un mal diseño del nivel central y que las obras fueron completadas pese a los inconvenientes. Hoy, el actual constitucional enfrenta un juicio de cuentas de la Contraloría para que devuelva junto a sus colegas más de $173 millones.

SUPERIOR AL 110%

Fue en 2016 que las autoridades de Gobierno entregaron el terreno para desarrollar la minicentral hidroeléctrica en Puerto Gaviota, una caleta emplazada en la comuna de Cisnes. Dos años más tarde —en 2018— una auditoría de la Contraloría General de la República develó irregularidades por tres modificaciones contractuales de la obra.

El problema consiste en que los aumentos —aprobados por el CORE— contravienen la normativa vigente, puesto que en caso de que las modificaciones sobrepasen en conjunto el 50% del contrato inicial, deberá procederse a la liquidación de éste y las obras no realizadas se considerarán como obra nueva y contratarse como tal. El proyecto en cuestión costó un 112% más (ver imagen).

Y peor aún, la CGR sostiene que las modificaciones no eran claras respecto de los nuevos costos en los que se estaba incurriendo. Ello se evidenció, por ejemplo, en el reemplazo de una turbina, en el que no se especificaron los costos aparejados al cambio. Esto, advierte la Contraloría en su auditoría, constituía “un eventual riesgo de pago duplicado de partidas”.

A lo anterior se suma la autorización, sin la debida justificación técnica, de ítems no contemplados. E, incluso, la aprobación de estados de pagos sin contar con todos los antecedentes exigibles, reza la auditoría.

EL VAIVÉN

En vista de las irregularidades detectadas en esa primera instancia, la Contraloría ordenó un juicio de cuentas en contra del grupo de empleados públicos implicados en el caso, incluido Ñanco, además de un sumario administrativo.

A través del primer procedimiento, informó que “las acciones y omisiones negligentes” de los funcionarios “ocasionaron un daño cierto al Gobierno Regional”. En total, el perjuicio se estima en más de $200 millones. De éstos, $173 millones son requeridos a Ñanco y los otros servidores implicados.

En el sumario, en tanto, la CGR estableció la responsabilidad de nueve funcionarios: ocho del GORE y uno de la Seremi de Desarrollo Social y Familia. ¿La razón? No velar por la eficiente y correcta utilización de los fondos públicos.

Así las cosas, el organismo propuso sanciones para el grupo en febrero de 2022, lo que dio inicio a un vaivén de resoluciones, oficios e incluso un recurso de protección de los funcionarios de la institución gubernamental para zafar de los castigos. Tanto así que el periplo, a la fecha, aún no culmina.

En buenas cuentas, la Contraloría puede sugerir penas administrativas pero es el organismo fiscalizado (en este caso el GORE Aysén) el que debe tomar una decisión. Ésta, a su vez, debe ser enviada nuevamente a la CGR para recibir un visto bueno a través de la toma de razón del documento.

En mayo de 2022 llegó la primera respuesta del Gobierno Regional de Aysén a las sanciones propuestas por el ente de control. Sin embargo, éstas fueron “representadas” —es decir, rechazadas— por el organismo liderado por Jorge Bermúdez. Lo anterior por “no acompañarse los antecedentes de respaldo necesarios” para justificar una disminución a las sanciones sobre sus funcionarios.

Acto seguido, el GORE reingresó a trámite las resoluciones, pero nuevamente fueron representadas por el organismo fiscalizador. Esta vez los motivos fueron más extensos (leer cita).

“Los argumentos esgrimidos por el aludido organismo para rebajar las sanciones propuestas no se ajustaban a la jurisprudencia administrativa vigente de la Contraloría General, como por ejemplo, la aplicación de la media prescripción —propia del derecho penal— así como el reconocimiento de la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, la cual ya había sido ponderada previamente en el sumario, y que además se reconocía funcionarios que no contaban con dicha aminorante de responsabilidad, por registrar sanciones previas en su hoja de vida”

– Oficio Nº E362842/2023 de la CGR.

CON ALCANCES

Tras ocho meses, ya en 2023, el Gobierno Regional volvió a insistir en la disminución de los castigos. En esta ocasión dispuso la absolución de todos los funcionarios por, supuestamente, “haber prescrito la acción disciplinaria”.

¿La reacción? Un nuevo rechazo de Contraloría. “La prescripción de la acción disciplinaria no se había verificado respecto de ninguno de los inculpados”, zanjó. No conforme, el GORE insistió en el argumento mediante una cuarta acción, la que tampoco llegó a puerto.

Finalmente, ya estando a poco de la prescripción de los hechos, el GORE reingresó a trámite de toma de razón la aplicación de sanciones rebajadas para los involucrados, decisión que la Contraloría —aunque con alcances— no tuvo más opción que aceptar. Y es que en caso de no aprobarla, los funcionarios saldrían libre de polvo y paja.

“Si bien la fundamentación entregada resultaba insuficiente para la rebaja de las sanciones propuestas, se hacía necesario cursar las resoluciones con el objeto de hacer efectivas las responsabilidades administrativas de los involucrados, atendida la gravedad de los hechos que fueron reprochados y la eventual prescripción de la acción disciplinaria”.

– Oficio Nº E362842/2023 de la CGR

Así, las sanciones pasaron de destituciones y suspensiones a censuras y multas de hasta apenas un 20% del sueldo (ver imagen).

A la fecha de su asunción como consejero constitucional, Ñanco fungía como profesional de la División de Infraestructura y Transportes del GORE. Percibía un sueldo de más de $4,8 millones mensuales. Actualmente está con permiso sin goce de sueldo, como lo establece la modificación constitucional para los servidores públicos que llegaron al órgano que redacta la nueva propuesta de Carta Magna.

“BAJO AMENAZA”

Pese a las rebajas otorgadas de la mano de la gobernadora Andrea Macías (Partido Socialista), seis de los ocho funcionarios implicados lanzaron un airado recurso de protección. Entre ellos figura el propio Julio Ñanco. ¿El objetivo? Dejar sin efecto las sanciones establecidas.

En el escrito, al que accedió esta Unidad de Investigación, el grupo acusa que la CGR desconoció su propia jurisprudencia y la de los máximos tribunales. A su juicio, el ente conminó “bajo amenaza a la autoridad para la aplicación de sanciones disciplinarias”.

No es todo. Señalan que pese a que el GORE acogió la tesis de los funcionarios (sobre la prescripción de los hechos), “Contraloría se ha empecinado en desconocer la institución irrenunciable que les favorece, recurriendo a una de sus zigzagueantes interpretaciones”.

Así, sostienen, la CGR efectuó “una intromisión grosera en las facultades disciplinarias de la administración activa, obligando a sancionar, llegando inclusive a amenazar”.

“La Contraloría bajo la premisa de sus propias interpretaciones, de manera velada pero clara, intentó forzar a la autoridad para la aplicación de una sanción”.

– Recurso de protección funcionarios GORE

UN “ALARGUE INTENCIONAL”

La respuesta de Contraloría al recurso llegó a través de un oficio incorporado a la causa judicial. En el informe, el organismo arremetió contra el GORE y acusó que la institución alargó intencionalmente los plazos del procedimiento.

A los ojos del ente fiscalizador, la idea del Gobierno Regional era precisamente evitar los castigos y lograr “la declaración de prescripción de la acción disciplinaria”. Todo ello, a través de la dilación del término del sumario y “mediante diversas resoluciones con determinaciones que no se ajustaban a la normativa ni a la jurisprudencia de esta Contraloría General”.

Sobre las acusaciones de un actuar improcedente de su parte, la CGR argumentó que sus decisiones no son más que el resultado de la aplicación de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General y no se debe a una interpretación antojadiza”.

“Esta Contraloría Regional no ha extralimitado sus facultades en la aplicación de sanciones a los inculpados, sino que ejerció sus funciones de control de legalidad, representando las resoluciones que rebajaban las sanciones de los recurrentes o que los absolvían por una improcedente prescripción, por no ajustarse la fundamentación de los actos administrativos a los dictámenes de esta Entidad de Control, haciendo presente además que ante la demora en dar término al proceso el GORE se debía pronunciar oportunamente antes del vencimiento del plazo de prescripción”

– Oficio Nº E362842 / 2023 de la CGR

DISEÑO Y PROPORCIONALIDAD

Requerido por este medio, desde el GORE indicaron que la razón por la que aplicaron sanciones distintas a las sugeridas por el ente fiscalizador fue el criterio de proporcionalidad.

A su juicio, “el caso mencionado no revistió una infracción a la probidad, se trató de incumplimientos administrativos que no afectaron la ejecución del proyecto, el que fue ejecutado y está actualmente funcionando”.

Además, aseguró que la construcción ha significado una positiva evaluación por parte de la comunidad de Puerto Gaviota, la que hasta antes de la microcentral “no contaba con una fuente de generación energética segura y sostenible”.

Respecto a la acusación de Contraloría sobre una dilación intencional, el GORE indicó que la declaración asume una presunción de culpabilidad y mala fe hacia el Gobierno Regional.

“Fueron los tiempos que la administración requirió para las evaluaciones de cada uno de los funcionarios en particular. Importa decir que las sanciones son aplicadas por el jefe superior del servicio, no por el órgano contralor, cuyas recomendaciones no son vinculantes”, argumentó.

Y continuó: “Además, se trata de un proceso sumarial de larga data, un proyecto que atravesó un extenso período, tres gobiernos distintos e incluso un proceso de reforma que cambió por completo el funcionamiento de los Gobiernos Regionales, que pasaron de depender del nivel central a funcionar como un órgano autónomo y descentralizado”.

¿Por qué se aumentaron los recursos en tres ocasiones? A juicio de la institución, un mal diseño de origen.

“El proyecto original, un anteproyecto diseñado por el nivel central (Ministerio de Energía), presentaba muchos errores de diseño y se fue reformulando sobre la marcha en su proceso de ejecución”, señaló el GORE.

A modo de ejemplo, detalló que “la bocatoma considerada en el anteproyecto tuvo que ser reubicada durante la reformulación del proyecto, lo que implicó mayores modificaciones al resto de la iniciativa. Energía presentó y licitó un anteproyecto que requería muchas modificaciones y ajustes que luego implicaron mayor costo”.

Con todo, sostuvo que “la decisión política del momento fue ejecutar” y negó que esto provocara un déficit en las arcas fiscales.

“El proyecto está funcionando, pese a los errores de diseño elaborado a nivel central. Frente a esto cabe señalar que el sector Energía no se hizo cargo de las deficiencias de su anteproyecto, que son las que luego generaron un mayor costo”, puntualizó.

“NO APLICA”

Consultado Julio Ñanco, indicó primeramente que llegó al Gobierno Regional de Aysén a través de un concurso público. Comentó que en su trayectoria como funcionario ha visto pasar a distintas autoridades políticas que instruyen ejecutar proyectos según sus programas de Gobierno.

Este caso específico —continuó— consistió en la ejecución de un proyecto por instrucción de las jefaturas de aquel entonces. Respecto a este, dijo que venía con deficiencias, las que como profesionales y técnicos hicieron ver “en tiempo y forma”, pero que la decisión fue avanzar y “subsanar situaciones en el periodo de ejecución”.

Lo anterior, aseguró, lo dieron a conocer a la Asociación de Funcionarios y a Contraloría.

Inquirido por el juicio de cuentas, sostuvo que este “no se centra en la construcción o funcionamiento del proyecto, ni involucra malversación de fondos”. “Se enfoca en la gestión administrativa del proyecto, que fue recibido conforme según contrato”, afirmó.

En esa línea, enfatizó en que “este hecho no presenta actividades ilícitas ni penales y así se ha dado cuenta en las distintas instancias. Este proceso tampoco afecta la capacidad para ejercer funciones ni implica inhabilidades laborales de los profesionales que fuimos parte del proyecto”.

“El juicio de cuentas es conducido por la Contraloría y se enfoca en la administración de un proyecto específico, en este caso de más de seis años. Actualmente, está en desarrollo, en una fase de discusión y análisis profundo”, recalcó.

Finalmente, manifestó que demostrará en las instancias correspondientes que “los reparos no aplican”. “Las obras fueron completadas, están operativas”, cerró.

EL PRESENTE DE LA MICROCENTRAL PUERTO GAVIOTA

Actualmente la microcentral hidroeléctrica funciona en un 50% de su capacidad. Así lo confirmó a BBCL Investiga la presidenta del Comité de Electrificación Rural de Puerto Gaviota, María Isabel Díaz.

El motivo, eso sí, sería la falta de agua, la que empezó a mermar el funcionamiento de la estructura desde marzo del año pasado.

“En 2016 (cuando se comenzaron las obras) el caudal era distinto, (hoy) tiene poca agua”, comentó.

No obstante, detalló que en el primer año y medio del funcionamiento de la turbina, esta no recibió el mantenimiento necesario por parte de las autoridades, lo que llevó a que estuviese detenida por cerca de un año.

Hoy por hoy, la microcentral les provee de energía en invierno, cuando se registra más lluvia. En las épocas secas, en cambio, no cumple su objetivo. Así, están obligados a recurrir a generadores para suplir la falta de suministro. “Es mucha el agua que se necesita”, complementó la dirigenta.

“Ya una semana que no llueva, tenemos problemas”, sentenció.

Este jueves 31 de agosto, a través de una audiencia telemática, la Corte de Apelaciones de Coyhaique escuchará los alegatos relacionados al recurso de protección presentado por los funcionarios. Tras la instancia, el tribunal de alzada deberá decidir si aprobar o rechazar los argumentos.